En el marco del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Internacional para la Aplicación de la Ley de la Asamblea Global de Privacidad (GPA), diferentes autoridades en materia de protección de datos y privacidad, entre ellas, la Agencia de Acceso a la Información Pública de la República Argentina, emitieron una Declaración Conjunta alertando sobre los riesgos asociados al uso de sistemas de inteligencia artificial capaces de generar imágenes y videos realistas de personas sin su consentimiento.
El foco de la preocupación está puesto en el crecimiento de herramientas -muchas de ellas integradas en redes sociales- que permiten crear contenido falso pero verosímil, incluyendo imágenes íntimas no consentidas, material difamatorio o representaciones engañosas de personas reales. Este fenómeno, advierten, puede tener consecuencias especialmente graves para niños y otros grupos vulnerables, al facilitar situaciones de ciberacoso, explotación o daño reputacional.
Frente a este escenario, los reguladores recuerdan que el desarrollo y uso de estos sistemas debe ajustarse a las normas vigentes en materia de protección de datos personales y privacidad. Además, subrayan que la generación de ciertos contenidos -como imágenes íntimas sin consentimiento- puede constituir un delito penal en diversas jurisdicciones.
La declaración también establece una serie de expectativas para las organizaciones que desarrollan o utilizan estas tecnologías. Entre ellas, se destacan la necesidad de implementar medidas de seguridad robustas para evitar usos indebidos, garantizar transparencia sobre el funcionamiento y límites de los sistemas, ofrecer mecanismos eficaces para solicitar la eliminación de contenidos dañinos y adoptar protecciones reforzadas cuando puedan verse afectados menores de edad.
Finalmente, los organismos llamaron a una acción coordinada y urgente, promoviendo el intercambio de información entre reguladores y alentando a las empresas a trabajar de manera proactiva en el diseño de soluciones que incorporen la protección de la privacidad desde el inicio.
El mensaje es claro: la innovación en inteligencia artificial no puede avanzar a costa de los derechos fundamentales de las personas.
