La Cámara de Diputados de la Nación aprobó ayer la Ley que aprueba el Convenio 108+, que ya contaba con media sanción del Senado.
Una vez que sea promulgada, se incorporarán a nuestro ordenamiento jurídicos muchos conceptos, principios, derechos y obligaciones que amplían la protección que desde el año 2000 brinda la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.
En efecto, el Convenio 108+ amplia el concepto de "datos sensibles" incluyendo a los datos genéticos y biométricos, e incorpora principios adaptados a los nuevos tratamientos de datos personales facilitados por el avance tecnológico, tales como la transparencia, la proporcionalidad, la rendición de cuentas, la minimización de datos y la privacidad desde el diseño y por defecto.
Además, con el objeto de lograr que los titulares de los datos personales puedan ejercer un mayor control sobre el destino y tratamiento de sus datos, se amplía el tipo y cantidad de información que tienen derecho a recibir cuando ejercen el derecho de acceso y se reconocen nuevos derechos, tales como el de conocer el razonamiento que subyace a cualquier tratamiento de datos y los resultados que se obtienen a través del mismo y el de oponerse al tratamiento de sus datos personales y a no ser objeto de decisiones que afecten sus derechos basadas únicamente en el tratamiento de sus datos personales.
En materia de seguridad, exige que se denuncien sin demora los incidentes de seguridad que puedan afectar a los datos personales tratados.
Por otra parte, pone a cargo de los responsables de tratamiento el deber de analizar antes de realizar un tratamiento de datos personales, el probable impacto que pueda tener sobre los derechos y las libertades fundamentales de las personas.
Otro punto importante es que la rendición de cuentas se convierte en parte integral del esquema de protección, poniendo a cargo de los responsables de tratamiento no sólo el cumplimiento de los deberes y obligaciones legales sino también del de poder demostrar que han tomado las medidas apropiadas para cumplir.
Finalmente, al exigir que se asegure que los datos que se traten dentro de la jurisdicción de una de las partes firmantes sean protegidos en la forma establecida de acuerdo a lo previsto por el Convenio, nuestro país se obliga a elevar el nivel de protección actual, aun antes de modificar la Ley 25.326.