El escándalo provocado por quienes, a pesar de la escasez general de vacunas, accedieron a vacunarse contra el COVID-19 sin estar incluidos en la categoría de ciudadanos que, por su función o edad, debían ser vacunados en primer término, generó un gran interés público de conocer si la distribución, asignación y aplicación de vacunas se realizó adecuadamente.
Diversos pedidos de información se multiplicaron en diferentes jurisdicciones, y las autoridades de turno se ampararon en la protección de los datos personales de los vacunados para negar el acceso a la información.
Frente a ello, la AAIP publicó un Guía con los criterios básicos que deben tenerse en cuenta en estos casos, distinguiendo 3 (tres) escenarios para el tratamiento de los datos personales de los ciudadanos vacunados.